Esta imagen muestra un entorno de laboratorio en el que tres trabajadores con batas de laboratorio realizan procedimientos de rutina en sus puestos de trabajo. Una trabajadora, visiblemente embarazada, está pipeteando muestras cerca de un recipiente abierto con solvente sin que se utilice una campana de extracción. Otro trabajador cercano está manipulando reactivos químicos con las manos desnudas, sin guantes a la vista. En un estante al otro lado del cuarto se encuentra una carpeta con hojas de datos de seguridad, sin abrir. En la pared está pegada una lista de inventario de sustancias químicas: una larga lista de nombres de sustancias sin indicadores de riesgo reproductivo resaltados ni señalados. A ninguno de los trabajadores se le ha informado cuáles de las más de 180 sustancias químicas presentes en su entorno diario están clasificadas como mutágenas, teratógenas o embriotóxicas.

Nada en esta imagen parece inusual para un laboratorio ajetreado: envases abiertos, manejo rutinario, procedimientos familiares. Pero lo rutinario no significa seguro, y lo familiar no significa protegido. Los límites estándar de exposición ocupacional no se diseñaron teniendo en cuenta el embarazo, y muchas sustancias químicas que se encuentran dentro de los límites aceptables para una trabajadora no embarazada pueden atravesar la barrera placentaria y causar daño irreversible al feto en desarrollo. Una trabajadora embarazada en un entorno químico tiene derecho a saber a qué sustancias está expuesta, qué riesgos reproductivos conllevan y qué adaptaciones o asignaciones alternativas están disponibles para ella. Esa información debe comunicarse antes de que ocurra el daño —no después de que se hayan perdido cinco embarazos en el mismo departamento.